Artículo 19.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos

Nota de Yacoriki: El siguiente artículo ha sido editado por el vil método de copiar y pegar. A veces el fin justifica los medios. Este blog es anti-sopa. Este blog es contrario a la piratería informática. Este blog no fomenta la piratería informática. Pido disculpas a quien le haya tomado algo sin su pertinente permiso. Cualquier reclamación al respecto será atendida inmediatamente. Pero de pedir el cese de un contenido en concreto a pedir el cierre del blog “por_la_cara” apoyándose en leyes ad hoc  hay un abismo que se llama derecho a la libertad de expresión que está regulada por el derecho internacional de los derechos humanos, y no es diferente para cada país. El artículo 19.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es muy claro al respecto:

·                                 “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

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EL VOTO VIRTUAL YA LLEGA A LOS PARLAMENTOS.
Enlace al artículo original de : Emprésate


Google, con su logo escondido debajo de un rectángulo negro oscuro, solicitó siete millones de firmas en una petición de rechazo contra la iniciativa.La cantidad de cibernautas que expresaron su rechazo a la iniciativa fue tan imprevista que expertos consideran que el triunfo mundial de Internet constituye un momento decisivo que señala el surgimiento de la red como un nuevo agente de poderosa influencia en Washington. Muy excedidas en gastos, pero difícilmente superadas en armamento, compañías de Internet y de alta tecnología desataron un alud de clics en línea a fin de obligar al Congreso de Estados Unidos a que retirara una iniciativa dirigida a combatir la ciberpiratería.“Lo acontecido marca un parteaguas. Ciertos canales de comunicación que la gente utiliza de manera rutinaria tienen el poder de convocar a sus usuarios y convertirlos en activistas políticos para la causa de esos medios”, dijo Jennifer Stromer-Galley, profesora de comunicación en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany y quien estudia cómo los grupos políticos aprovechan la alta tecnología. Estas firmas lograron imponerse al sector del entretenimiento y a otros intereses de negocios de la vieja guardia, dejándolos aturdidos.


Antes de que los líderes del Senado y la Cámara de Representantes dejaran de lado la iniciativa el viernes, los cabilderos de los sectores cinematográfico y discográfico, así como otros exponentes, tales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, habían puesto en juego sus tácticas usualmente eficaces para impulsar el apoyo legislativo en favor de alguna normativa que les convenga.

Las acciones de estos sectores incluyeron el envío de correos electrónicos, anuncios por televisión y la prensa impresa en estados importantes, un cartel publicitario en Times Square, incontables llamadas telefónicas y visitas a las oficinas del Congreso en Washington y en el país.

Los dirigentes de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville efectuaron 20 visitas al Capitolio acompañados a menudo de cantautores que ejecutaron sus éxitos frente a legisladores y el personal de éstos.

“Traemos nuestras guitarras a la espalda”, dijo el cantautor Steve Bogard, presidente de la asociación.

Las campañas de este tipo a menudo son música para los oídos de los legisladores; sin embargo, en esta ocasión, la campaña fue opacada mediante una movilización masiva de expresiones por Internet en contra de la iniciativa y que alcanzó su punto cúspide el miércoles.

Según los organizadores del rechazo a la legislación contra la ciberpiratería, al menos 75,000 sitios en Internet paralizaron temporalmente su servicio ese día, entre ellos la enciclopedia en línea Wikipedia en su versión en inglés, y se sumaron al mismo 25,000 blogs.

“El Congreso de Estados Unidos está considerando una legislación que podría perjudicar fatalmente la existencia de un Internet libre y abierto”, decía un mensaje en la página de inicio del sitio, el cual estaba rodeado de imágenes de sombras.

En la página había enlaces para que los visitantes se comunicaran con los legisladores en el Congreso.

Otros sitios en Internet difundieron mensajes de protesta contra los proyectos de ley y exhortaron a la gente a que se pusiera en contacto con los legisladores. Los dirigentes de la protesta dijeron que su movilización resultó en el envío de tres millones de correos electrónicos.

Graigslist contabilizó 30,000 llamadas telefónicas a los legisladores y hubo 3.9 millones de mensajes por Twitter relacionados con la normativa, según NetCoalition, que representa a las principales compañías de Internet y alta tecnología.

“Es algo que todavía intentamos comprender. Tuvimos una respuesta abrumadora a nuestra petición que, francamente, rebasó nuestras expectativas”, dijo la portavoz de Google, Samantha Smith.

A medida que los legisladores promotores de la iniciativa retiraban su apoyo a la misma, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Harry Reid, aplazó el viernes la votación preliminar prevista para el martes con la que se buscaba el avance del trámite legislativo.

La votación ya parecía destinada de antemano al fracaso. El representante republicano Lamar Smith, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, también aplazó ulteriores sesiones sobre el asunto.

“Ya recibí mensajes de los críticos”, apuntó.

Apenas unas semanas antes, la iniciativa parecía enfilarse a una aprobación tranquila con el apoyo de ambos partidos, que incluía a liberales como el representante demócrata Howard Berman y conservadores como el senador republicano Marco Rubio.

Las empresas que apoyan la iniciativa argumentan que la piratería en Internet provoca la destrucción de empleos en Estados Unidos porque despoja de sus ingresos a los creadores de contenido.

Al mismo tiempo rechazan las acusaciones de censura, argumentando que el propósito de la legislación es reformar un sistema disfuncional que no previene de forma adecuada las conductas delictivas.